La Represión

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/04/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Gilberto López y Rivas

Sedena: el manual de la represión

Antes de que
los legisladores de ultraderecha equipararan en las recientes reformas
al Código Penal la lucha social con el terrorismo, con base en sus
intereses de clase y sus inclinaciones imperialistas, la sección
segunda (Inteligencia Militar) del Estado Mayor de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), en el Manual de disturbios civiles
publicado en octubre de 1991, había clasificado a los movimientos de
oposición y protesta social como "grupos antagónicos o elementos
subversivos que aprovechando la situación imperante lleven a cabo
acciones de proselitismo en su favor, con el fin de provocar desorden y
desestabilización del gobierno legalmente constituido".

En dicho
manual, elaborado según la Sedena "en virtud de que el país atraviesa
problemas internos y externos originados por desequilibrios en los
campos político, económico y social, así como por posibles alteraciones
del orden que se llegaran a suceder en los diferentes sectores de la
población", los militares definen el término disturbio civil como
"aplicable a todos los tipos de desórdenes y emergencias civiles que
ocurran en territorio nacional generando violencia ilegal por parte de
gente civil, como resultado de protestas por diversos motivos,
instigación de grupos subversivos nacionales o extranjeros (…) que
producen alteraciones en el orden público, desorganizando los procesos
normales del gobierno y ponen en peligro la vida y la propiedad".

La
Sedena considera que "un motín lo cometen quienes para hacer uso de un
derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una
ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público, con
empleo de violencia en las personas o sobre las cosas y amenazan a la
autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación".
(¡Cualquier semejanza con las reformas últimas al Código Penal es pura
coincidencia!) Los teóricos de la Sedena continúan precisando el motín
como un "desorden en el cual participan indirectamente numerosas
personas, utilizadas en algunos casos para dar fuerza a un movimiento
subversivo, ajenas al motín, tales como curiosos y ociosos (sic),
creando con ello mártires para obligar al gobierno a utilizar fuerzas
policiacas o militares para enfrentar el problema, intervención que
después será interpretada como ‘fuerza de represión del pueblo’ y con
lo que aumentará el descontento de las masas atrayendo partidarios al
movimiento antagónico, haciendo creer a la opinión pública que debe
estar del lado de los débiles".

El manual establece que "los
tipos de armas y municiones que necesitan las tropas para restablecer
la ley y el orden durante un disturbio civil serán en principio con las
que están dotadas orgánicamente -esto es, ¡todas!-, sin embargo,
dependiendo de la situación y para misiones especificas, las unidades
pueden ser dotadas de armamento especial: escopetas, lanzagranadas
químicas, granadas químicas de mano, fusiles de precisión, etcétera".
Los estrategas militares también recomiendan el uso de "unidades
blindadas para misiones especiales o bien para causar efectos
sicológicos (las tanquetas en la represión de 1968); en ocasiones y de
acuerdo con la situación que se viva se pueden utilizar otro tipo de
unidades, como tropas especiales, paracaidistas, etcétera. El blindaje
de cualquier tipo normalmente actuará en refuerzo de las unidades de
las otras armas, buscando que jamás se deje de proporcionar protección
cercana al vehículo blindado, que sería fácil presa de la muchedumbre
(sic) al ser abordado, permitiendo que fueran arrojados artefactos
explosivos o incendiarios en su interior, teniendo siempre presente su
principal característica y modo de acción, que es el poder aplastante
por el uso de su masa".

Al desarrollar operaciones en un
disturbio civil, "el comandante militar puede emplear las siguientes
medidas: A) Demostración de fuerza. B) Uso de agentes químicos. C)
Fuego de tiradores seleccionados. D) Empleo de parte del volumen y
potencia de fuego". Se recomienda también detener "a los individuos que
figuran como cabecillas o a otros que traten de incitar al tumulto a
cometer actos ilegales, teniendo cuidado al efectuar estas detenciones
de hacerlo con la mayor discreción posible para no alterar al tumulto
(sic) y dar otro motivo para que cometa actos adicionales de violencia".

El
manual de la represión va a los detalles: "Las bayonetas son eficaces
cuando se usan contra amotinados que tienen facilidad para retirarse"
-entonces, ¿por que se usaron en Tlaltelolco, donde no había
"facilidades" para un "retiro"?-. "Cuando se requiere fuego de armas de
pequeño calibre, se instruye a las tropas para que apunten a baja
altura: en ninguna circunstancia deben hacerse disparos alocados contra
un grupo desde el cual ha disparado un amotinado; no se utilizarán
cartuchos de salva contra el tumulto y no se dispararan ráfagas de
armas automáticas por encima de las cabezas de los amotinados (…) se
colocan tiradores selectos en posiciones ventajosas desde las que
tengan buenos campos de tiro -¿como las azoteas de los edificios de
Tlaltelolco?-. Los disparos al aire no es procedimiento adecuado ni
serio para los elementos del Ejército, la serenidad ha de ser
absoluta". Nada se deja a la imaginación: "Las barricadas que
establecen los amotinados se atacan de ser posible desde los flancos o
bien desde las alturas. Siempre que sea práctico se emplearán mangueras
contra incendios o agentes químicos, cuando fracasan los métodos arriba
mencionados, las barricadas pueden ser removidas mediante la
utilización de vehículos blindados, artillería o granadas".

Si
esta era la mentalidad de los militares en 1991, ¿cuál será la de las
fuerzas armadas de un gobierno espurio como el de Felipe Calderón?

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/07/index.php?section=opinion&article=018a1pol

Carlos Fazio

Hacia un Estado policial

La administración espuria
de Felipe Calderón marcha hacia la conformación de un Estado
autoritario de nuevo tipo apoyado en la fuerza de las armas. La tácita
equiparación de quienes encarnan la protesta social como presuntos
terroristas y/o subversivos, plasmada en las reformas al Código Penal y
en el castigo disciplinador y ejemplarizante aplicado a los presos
políticos de Atenco, anuncian la disposición del Ejecutivo federal de
transitar hacia un nuevo régimen de excepción que tiene como eje una
guerra de baja intensidad de tipo contrainsurgente contra el pueblo
organizado.

La aplicación en la práctica del Manual de disturbios civiles de la sección segunda (Inteligencia Militar) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional -divulgado en La Jornada
por Gilberto López y Rivas, "Sedena: el manual de la represión",
4/5/07- exhibe y desnuda el accionar anticonstitucional de los
estamentos castrenses y paramilitares oficiales en los casos Lázaro
Cárdenas-Las Truchas, Michoacán; Atenco, estado de México, y en la
ciudad de Oaxaca, en 2006, donde echaron mano de la represión
indiscriminada y mediante acciones deliberadamente aterrorizantes y
desproporcionadas intentaron sembrar un miedo con efecto
"ejemplarizante" en la población, apoyándose en acciones de
inteligencia y una estrategia de comunicación mediática típica de las
operaciones sicológicas encubiertas.

A ello habría que sumar las
actuales provocaciones en curso contra campesinos indígenas de Montes
Azules, en Chiapas, y ejidatarios y comuneros que se oponen a la
construcción de la represa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero; los
actos de hostigamiento de elementos del Ejército federal, inteligencia
militar y espías y orejas del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen) contra los delegados de la Comisión Sexta
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y adherentes de la otra campaña
en el estado de Nuevo León y otras partes del país, y las torturas,
detenciones arbitrarias y robos -a la manera de botín de guerra-
ejecutados por militares y miembros de la Agencia Federal de
Investigación en Nocupétaro, Michoacán, en días recientes.

Tal
pareciera que el Ejecutivo ha decidido cancelar los caminos de la lucha
civil pacífica y que México transita hacia un régimen dual que combina
la fachada de una democracia formal con el terrorismo de Estado.

Apoyado
en una doctrina de seguridad nacional de tipo antisubversivo, la lógica
del modelo tiene como objetivo la destrucción del "enemigo interno",
concepto éste que en el desarrollo de un conflicto suele abarcar a todo
actor de "desorden social".

Según el manual de la Secretaría de
la Defensa Nacional, quienes alteren o perturben el orden público, se
reúnan tumultuariamente, intimiden u obliguen a la autoridad a tomar
alguna determinación y pongan en peligro la vida y la propiedad,
podrían incurrir en el delito de motín y ser blanco de la acción
represiva del Estado mediante el accionar de tropas especiales,
paracaidistas y unidades blindadas provistas de escopetas, agentes
químicos y fusiles de precisión.

Como antecedente, cabe consignar
que, en su accionar, un Estado fascista instrumenta como eje de su
política represiva la conformación de un vasto y complejo aparato de
seguridad. Eso viene sucediendo de manera paulatina en México, donde
las propias fuerzas armadas, dando la espalda a sus funciones
establecidas en el artículo 89 constitucional, fracción VI, y en el 29,
que establece que "en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede
ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la
disciplina militar", han venido modificando su carácter convirtiéndose
en lo que bien puede calificarse como "gendarme" o "ejército de
ocupación" en su propio país, cuya misión fundamental es impedir toda
muestra de descontento, y sobre todo imposibilitar, por vía de la
fuerza y el terror, cualquier cambio, por mínimo que éste sea, en la
estructura social de la nación.

La tendencia hacia la
conformación de un régimen de fuerza de nuevo tipo se ha venido
confirmando con la militarización de la seguridad interior, vía la
presunta "guerra" contra el crimen organizado y el proyecto de
reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprende la
creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisadas
por el Ejército en localidades con menos de 20 mil habitantes.

Según
se anunció el 4 de abril de 2007, la nueva estructura orgánica de la
futura policía federal quedó integrada por seis divisiones, cuatro de
cuyos jefes provienen del Cisen, en tanto que el coordinador de las
fuerzas federales será el general Héctor Sánchez, ex jefe de la Sección
Segunda de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Esa
conformación de una policía federal con mandos provenientes de los
servicios de inteligencia política y militar, aunada a la
contrarreforma penal impulsada por Calderón -que incluye la
intervención telefónica y el espionaje sobre los ciudadanos sin orden
judicial, el ingreso a domicilios sin orden de cateo bajo la razón de
flagrancia y la creación de una policía investigadora independiente del
Ministerio Público-, así como el "paquete antiterrorista" aprobado por
el Senado de la República el 26 de abril pasado, que incorpora el
delito de "terrorismo internacional" al código penal, parece robustecer
la hipótesis de que nos encaminamos hacia un Estado de tipo
policial-militar, basado en leyes de excepción que criminalizan la
protesta social. Es decir, asistimos a un larvado proceso de
fascistización del Estado, y si no se lo frena ahora, su consecuencia
lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista en México.

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