Amenazas por aquí, amenazas por allá. Envalentonados.

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/08/index.php?section=politica&article=015n1pol

"Quieren que ya no me meta en el caso Castaños para dar impunidad a militares"

Raúl Vera: Ejército y otras instituciones federales intensifican acoso en mi contra

JAIME AVILES ENVIADO

Saltillo, Coah., 7 de mayo. Al obispo de Saltillo, Raúl
Vera López, lo despierta el teléfono a las tres de la mañana. Prende la
luz y contesta. Una voz de hombre le dice: "Le hablamos de Banamex,
porque hay un problema con su cuenta". Monseñor aclara: "Yo no tengo
cuenta en Banamex". Su interlocutor le aconseja: "Cuídate mucho". Y
cuelga.

"Ya sucedió varias veces", relata en entrevista con este
enviado. "En el identificador de llamadas sale que me hablan del estado
de Guerrero, que es de donde son varios de los soldados que están
presos en Monclova", tras la violación tumultuaria de 13 prostitutas
durante la noche del 11 al 12 de julio del año pasado en la zona roja
del municipio coahuilense de Castaños.

El obispo asegura que está
siendo objeto de amenazas por miembros del Ejército involucrados en el
caso, pero agrega que hace algunas semanas "venía yo de noche, de allá
de Monclova, rumbo a Saltillo, cuando me empezó a seguir una camioneta
blanca, echando las luces altas y pegándose mucho, como si tratara de
rebasar y no pudiera, aunque nada se lo impedía", recuerda.

Al
llegar a un pequeño poblado, el obispo comenzó a tocar el claxon de su
vehículo para llamar la atención de una patrulla de tránsito, a cuyos
tripulantes monseñor Vera pidió auxilio y logró que detuvieran a la
camioneta blanca que pertenecía, dice, "a la Procuraduría General de la
República".

Y agrega, tajante: "Estoy recibiendo presiones y
amenazas para que ya no me meta en el caso Castaños; me queda muy claro
que de eso se trata, y veo la mano de algunas dependencias del gobierno
federal para que, al igual que en el caso de Zongolica, los militares
acusados tengan total impunidad".

Lo más preocupante, añade, "es
que se está dando una pésima señal para que el Ejército haga y deshaga,
como si estuviéramos en una dictadura".

-¿Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?

-Se ha desentendido por completo del asunto -afirma el obispo.

Terror en El Pérsico

Castaños es un municipio muy pobre, cercano a Monclova, que
tiene entre sus pocos atractivos una paupérrima zona roja semioculta en
un potrero. En ese predio hay dos centros nocturnos: Las Playas y El
Pérsico, atendidos por mujeres jóvenes y desgraciadas de la región. La
noche del martes 11 de julio, en la penumbra de Las Playas, estaban
embriagándose varios hombres, que a medida que pasaba el tiempo
gritaban más y eran más descorteses con las muchachas. Tanto así, que
los vigilantes del cabaret sacaron a uno de ellos y lo guardaron en una especie de celda que sirve precisamente para controlar a los borrachos violentos.

El detenido
se llama José Joaquín Alvarado Félix y pertenece al Ejército mexicano,
adscrito al regimiento de Múzquiz. Sus acompañantes lograron muy pronto
liberarlo y se lo llevaron a bordo de un taxi que los trasladó
a las oficinas del Instituto Federal Electoral (IFE) en Monclova, de
donde regresaron a la zona roja 40 minutos más tarde a bordo de varios
vehículos oficiales del Ejército, entre ellos un Hummer matrícula
01914153.

De acuerdo con el reporte de Soledad Jarquín Edgar,
enviada de la agencia CIMAC al lugar de los hechos -por cuyo trabajo se
hizo acreedora al Premio Nacional de Periodismo 2006-, los soldados
volvieron "uniformados y armados", y según los testimonios recogidos
por monseñor Vera López "en malas condiciones, como intoxicados por
drogas y alcohol", que era como supuestamente estaban custodiando los
paquetes electorales en el IFE, observa.

Lo que sucedió a partir
del momento en que los soldados entraron en el cabaret El Pérsico,
consta en las declaraciones de las 13 prostitutas agredidas.
Identificándose con sus nombres de batalla –Wendy, Brisa, Cinthia, Malena, Nubia,
ex adolescentes de extracción campesina, madres solteras, con ocho años
de experiencia promedio en el oficio-, ellas relataron que los
militares encañonaron con sus rifles a los escasos parroquianos y los
obligaron a colocarse bocabajo en el suelo.

A las mujeres las
agruparon en la parte frontal del establecimiento y a punta de pistola
las hicieron desnudarse, mientras exhortaban a los clientes a abusar de
ellas al grito de "atásquense que es gratis". Luego, ellos mismos
procedieron a violarlas, en algunos casos simultáneamente entre varios.

En
un reporte oficial del presidente municipal de Castaños, Mauro Zúñiga
Llanas, a las 2:10 de la mañana del miércoles 12, el vigilante
Francisco Javier Neira Sánchez solicitó ayuda por teléfono a la
alcaldía. Seis policías acudieron a bordo de tres patrullas, pero
fueron desarmados por los militares y sometidos en los caminos de
brecha que llevan a la zona roja. El edil admite en su informe que
después de saber esto tuvo miedo: "pensé que era un ataque del
narcotráfico".

La agresión se prolongó casi hasta el amanecer, y
las muchachas quedaron en estado de pánico, debido a la violencia
sexual y sicológica que padecieron a lo largo de varias horas.
Entonces, el gobierno de Coahuila entró en acción. La Secretaría de la
Defensa accedió a que tomara cartas en el asunto la justicia civil y la
procuraduría estatal inició una averiguación previa, y giró 14 órdenes
de aprehensión pese a que eran al menos 20 los soldados que
protagonizaron el asalto a la zona roja de Castaños. Por su parte, el
gobernador Humberto Moreira solicitó el auxilio del obispo de Saltillo.

Hasta
ahora sólo han sido capturados siete militares, recuerda monseñor Vera
López, de los cuales "uno ya salió bajo fianza, y a los demás dicen que
no los pueden agarrar porque desertaron".

-¿Y qué ha pasado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? -se le pregunta.

-Se
ha desentendido por completo del asunto, y eso me preocupa. Este es un
caso en el que intervinieron soldados que estaban cuidando los paquetes
electorales. ¿Por qué abandonaron sus puestos? ¿Por qué llegaron
borrachos y drogados a la zona de tolerancia? Yo, en aquel momento,
expresé mi esperanza de que intervendría Vicente Fox, pero no lo hizo.

-¿Y las amenazas contra usted cuándo empezaron?

-Ya
tienen tiempo, pero se han ido intensificando; cada vez meten más
presión para que se desvanezcan las acusaciones contra los soldados
presos.

-¿Teme que le puedan hacer algo?

-Me preocupa el
giro que están tomando las cosas en el país, donde al Ejército se le
está dando carta blanca para que haga y deshaga, como si estuviéramos
en una dictadura.

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/09/index.php?section=politica&article=010n1pol

Aparentemente fueron cortados los birlos a una llanta de la camioneta en que viajaba

Lydia Cacho denuncia atentado en su contra; lo imputa al pederasta Succar

Los abogados del empresario también podrían ser responsables, según la escritora

De acuerdo con expertos, no se trató de una falla mecánica, sino de algo intencionado

BLANCHE PETRICH

Una
tarde de noviembre de 2003, cuando Lydia Cacho ya había escrito sus
primeros reportajes sobre el caso de las niñas que eran llevadas con
engaños a los condominios Sol y Mar, en Cancún, donde eran objeto de
abusos sexuales por el pederasta Jean Succar Kuri y sus clientes, la
recepcionista de la revista Cancunísimo, que ella dirigía, respondió una llamada. Un hombre quería hablar con la directora. Se identificó: "Jean Succar".

Cuando
la periodista tomó la llamada, la voz espetó: "Pinche vieja, no te
metas en mi vida. Si te sigues metiendo te van a matar".

Cacho no
tenía ni idea, en ese entonces, de la extensión ni del poder de la red
delincuencial que empezaba a develar con su trabajo periodístico. Pero
familiarizada con los problemas de violencia y derechos humanos, optó
por la vía de exponer la amenaza telefónica ante las autoridades
judiciales y levantó una denuncia de hechos en la delegación de la
Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún.

Al poco
tiempo fue llamada a ratificar la demanda ya no ante la PGR, sino ante
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO), lo que daba al caso un carácter relacionado con
bandas criminales.

Esa fue la amenaza inicial y la primera de una
serie de denuncias penales correspondientes que hasta la fecha se
empolvan en algún cajón del Ministerio Público.

Después escribió el libro Los demonios del Edén
(abril de 2005) y padeció las consecuencias ampliamente conocidas: la
demanda por difamación del protector de Succar Kuri, Kamel Nacif; su
arresto, las amenazas de violación dentro del penal de Puebla, las
grabaciones en las cuales se trama la conjura en su contra entre Nacif
y el gobernador Mario Marín.

El miércoles 2 de mayo la escritora
volvió a escuchar una amenaza en boca de Jean Succar, pero esta vez no
a través de un teléfono, sino de viva voz.

"Te voy a acabar"

"Te voy a acabar", le dijo el procesado por delitos de
corrupción de menores, violación y delincuencia organizada. El
permanecía detrás de la rejilla en una sala de audiencias en el penal
de La Palma, estado de México. La diligencia, lenta y tortuosa, había
al fin concluido después de casi 13 horas.

El juez se había
retirado sin despedirse y los comparecientes y sus defensores sólo
esperaban que salieran las impresiones del acta para firmar y retirarse.

Lydia
Cacho se acercó al escritorio donde estaba la computadora. Al verla
cerca, el abogado de Kuri, Wenceslao Cisneros, alzó la voz,
dirigiéndose a su cliente: "Quiero que la demandes por usurpadora; ni
siquiera es periodista".

Entonces el presunto pederasta, alias Johnny, la miró de frente y en voz muy alta le advirtió: "Te voy a acabar". Todos los presentes en la sala lo escucharon.

El
lunes al mediodía, Lydia volvió a recordar el escalofrío que la sacudió
después de la amenaza telefónica de Jean Succar tres años atrás.

Regresaba
de Ciudad Juárez, adonde asistió a la feria del libro. En el aeropuerto
la esperaba una camioneta Suburban, color morado, placas 752 RVC del
Distrito Federal, modelo 1998, que le fue asignada por la propia PGR
como parte de las medidas cautelares que la protegen desde que, en
febrero de 2005, fue excarcelada después de su arresto por policías
poblanos en Cancún en lo que, según la demanda que analiza la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, fue una conspiración extralegal entre
el gobernador Marín y el empresario Kamel Nacif, el rey de la mezclilla, protector del presunto pederasta Kuri.

En
el aeropuerto, con el vehículo listo, la esperaba un agente de la PGR,
Arturo Mariano Contreras, quien hizo entrega de las llaves de la
camioneta a los tres escoltas de la Agencia Federal de Investigación
(AFI) que venían con ella desde Ciudad Juárez: Mauricio Urquiza
Rodríguez, José Luis Martínez Salazar y su inseparable guardaespaldas,
Jessica Nuño Ruiz. Iban con ella su compañero, Jorge Zepeda Pa-tterson,
y Alejandro Páez, ambos periodistas, así como el escritor Rafael Pérez
Gay (Revista Nexos) y su esposa, a quienes ofrecieron un aventón.

Según
la normatividad de la PGR, los vehículos asignados a personas con
medidas cautelares no pueden ser usados por nadie más, de modo que el
viernes 5 de mayo, cuando viajó a Ciudad Juárez, sus escoltas dejaron
la camioneta en manos de un agente de la procuraduría en el aeropuerto.
Desde ese momento, la dependencia fue responsable de resguardar el
vehículo. El agente Contreras fue el último de esta cadena.

Este
lunes, ya de regreso, el agente Mauricio Urquiza tomó el volante de la
camioneta y a los cinco minutos de trayecto ésta empezó a sacudirse de
manera violenta e inusual cuando el conductor entraba al Viaducto, a la
altura del Circuito Interior. Urquiza logró detenerse a tiempo. Bajó a
revisar lo que había sucedido, y al tocar la llanta trasera del lado
derecho, tres de los cuatro birlos que la aseguran cayeron en su mano.
La llanta, suelta, estaba a punto de salirse de su eje. Los tres birlos
habían sido limados. Según anticiparon los propios agentes de la AFI,
todo parecía el montaje para un accidente provocado. De haber perdido
la llanta a mediana velocidad, la Suburban habría volcado, comentaron.

Los
pasajeros de la camioneta detuvieron dos taxis y cada grupo se dirigió
a su destino. Al llegar a su casa en el Distrito Federal, Lydia Cacho
se comunicó de inmediato con el subprocurador José Luis Santiago
Vasconcelos. "Doña Lydia -le dijo el jefe policiaco-, esas amenazas hay
que tomarlas muy en serio. Le pido que inmediatamente acuda a denunciar
lo sucedido".

Eso fue lo que hizo ayer por la mañana, acompañada
por el responsable del área de casos contra periodistas de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González.

Lydia Cacho
acusó a quienes resulten responsables de "homicidio en grado de
tentativa", señalando como presuntos autores a Succar Kuri y a su
abogado, Wenceslao Cisneros, entre otros. Este último se inconformó y
emitió un extrañamiento, al verificar que la PGR no le ha dado curso a
ninguna investigación sobre las sucesivas amenazas contra Lydia Cacho y
ni siquiera ha abierto la averiguación previa correspondiente.

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