“…cuyo paso obligado es México.”

El gobierno de México solicitó al de Estados
Unidos aplicar una modalidad del llamado “Plan Colombia”, con el fin de
exterminar el narcotráfico y disminuir los impactos que ha provocado en
la sociedad.

http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=51833

Plan misterioso

ricardo ravelo
México,
D.F., 25 de junio (apro).- El gobierno de México solicitó al de Estados
Unidos aplicar una modalidad del llamado “Plan Colombia”, con el fin de
exterminar el narcotráfico y disminuir los impactos que ha provocado en
la sociedad.

Sin embargo, tanto el presidente Felipe Calderón
como el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, no han
explicado a los legisladores en qué consistió la solicitud de ayuda al
presidente norteamericano George W. Bush.

El tema de la ayuda
norteamericana en México se mantiene en el silencio. En tanto, la
violencia se recrudece en el país, como consecuencia de la guerra
contra los cárteles y los choques de éstos por imponer sus dominios en
las rutas de trasiego.

Cuantas veces se le ha preguntado al
procurador Medina Mora en qué consistiría el Plan Colombia que se
aplicaría en México, el funcionario ha respondido que la ayuda sólo
consiste en una cooperación más estrecha entre ambas naciones para
combatir al crimen organizado.

Pese a esta explicación, los
legisladores de todas las fracciones parlamentarias representadas en la
Cámara de Diputados exigen la comparecencia de todo el Gabinete de
Seguridad, pues, a juicio de los diputados, se debe detallar en qué
consistirá la ayuda estadunidense: si tal apoyo equivale a la
intervención directa de la DEA o de cualquier otra fuerza de seguridad
de Estados Unidos en territorio nacional.

En su versión
original, el llamado Plan Colombia fue uno de los proyectos más
ambiciosos que se aplicaron en Colombia para abatir el tráfico de
drogas, aunque no estuvo exento de costos políticos.

El Plan
Colombia fue un ambicioso proyecto para disminuir el tráfico de drogas
y resolver de paso el nudo originado por el conflicto armado que vive
Colombia, por medio de la ayuda de Estados Unidos.

El proyecto
fue concebido en 1999 por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango
y su homólogo de Estados Unidos, Bill Clinton. Los objetivos: generar
una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y
crear una estrategia antinarcóticos.

Sin embargo, el elemento
más controvertido de este plan ha sido la estrategia de fumigaciones
aéreas para erradicar los cultivos de cocaína (en México esta tarea ya
es controlada por el Ejército y no por la PGR). Esta actividad ha sido
blanco de críticas debido a los daños provocados a los cultivos lícitos
y, según expertos colombianos, tiene consecuencias adversas en la
salud, en particular sobre las personas expuestas al contacto con los
herbicidas.

Las razones del entonces presidente Pastrana para
aplicar el plan Colombia eran variadas. Las más sólidas se basaban,
según el presidente colombiano, en que “la cocaína era un problema
social, cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado (en
concreto la guerrilla); que los países desarrollados deberían brindar
ayuda para implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, el
cual –según Pastrana– permitiría desarrollar grandes inversiones en el
campo social, con el fin de ofrecer a los campesinos alternativas
diferentes a los cultivos ilícitos”.

Según los datos históricos
consultados, el diseño del Plan Colombia no contemplaba, al inicio, el
combate al tráfico de drogas. Por lo menos no hacía mención al combate
al narcotráfico, a través de un incremento de la ayuda militar o
mediante las campañas de fumigación. Sólo enfatizaba la erradicación
manual de los cultivos como una alternativa mejor.

Pero en
agosto de 1998 todo dio un giro drástico. Durante un encuentro entre
Clinton y Pastrana se discutió el tema crucial: la posibilidad de
asegurar un aumento en la ayuda para los proyectos antinarcóticos;
desarrollo sostenible; la protección de los derechos humanos; ayuda
humanitaria, y estímulo a la inversión privada y unión con otras
donantes e instituciones financieras internacionales para promover el
crecimiento económico de Colombia.

Si embargo, la apertura de
Colombia para la intervención militar estadunidense significó para
Estados Unidos la posibilidad de penetrar al Estado colombiano. Si bien
el plan original contemplaba el combate a la guerrilla –en particular a
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)–, el escrito
elaborado por Washington tuvo mayores alcances: el 68% de toda la ayuda
de Estados Unidos se enfocó a la esfera militar y antinarcóticos.

El
costo fue muy alto, según los registros consultados: 7.5 mil millones
de dólares, de los que el 51% se dedicaría al desarrollo institucional
y social; un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% se destinó a la
revitalización social y económica, y un 0.8% se canalizó al apoyo de
los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. El
apoyo económico de Estados Unidos fue de 1.3 mil millones de dólares y
algo más: 500 efectivos militares para el entrenamiento de las fuerzas
locales.

La revista Semana –una de las publicaciones más
importantes de Colombia– sostuvo en un reportaje titulado “El Plan
Colombia, instrumento de Washington”, que unos 300 civiles fueron
enviados para apoyar las actividades de eliminación de los cultivos de
coca. No sólo eso: Estados Unidos dispuso, tiempo después, de unos 330
mil millones de dólares para el apoyo militar.

La aportación de
dinero no paró ahí. Según la publicación, en 2000 se destinaron 818 mil
millones de dólares y en 2001, 256 mil millones. Esto convirtió a
Colombia en el tercer país mayor receptor de ayuda estadunidense, sólo
debajo de países como Afganistán e Irak.

El Plan Colombia fue
unas de las intervenciones militares más cuestionadas en el ámbito
internacional. En junio de 2000, por ejemplo, la organización Amnistía
Internacional cuestionó sus alcances:

“El Plan Colombia se basa
en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de
vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora
completamente las responsabilidades históricas del propio Estado
colombiano. También ignora que las raíces profundas del conflicto están
en la crisis de los derechos humanos. El plan propone principalmente
una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico
de drogas, a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas
armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y
humanitario que el programa incluye no alcanzan para disfrazar la
naturaleza esencialmente militar del plan. Además, es aparente que el
Plan Colombia no es el resultado de un proceso genuino de consulta con
las organizaciones no gubernamentales nacionales ni internacionales que
(se esperaba) implementaran los proyectos, ni con los beneficiarios de
humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo social. Como
consecuencia, el componente de derechos humanos del plan, es
defectuoso….”.

El extermino de la guerrilla

Aunque
el Plan Colombia tiene algunos componentes que buscaron fomentar la
ayuda social y la reforma institucional en Colombia, la iniciativa
forma parte de un proyecto cuyo único objetivo es la ayuda militar y
antinarcóticos.

La justificación oficial en Estados Unidos es
que éste plan es parte de la guerra contra las drogas, aunque sus
críticos consideran que el plan se centra en el exterminio de la
guerrilla colombiana. En el Congreso norteamericano se festinan los
logros del Plan Colombia porque, según los legisladores, se lograron
erradicar 13 mil kilómetros cuadrados de plantaciones ilícitas
–principalmente coca– en 2003, lo cual ha prevenido la producción
–dicen– de más de 500 toneladas métricas de cocaína, lo que ha causado,
además, pérdidas para los narcotraficantes del orden de los cien
millones de dólares.

Pero actualmente otra es la realidad.
Después de la intervención militar en Colombia y de las millonarias
inversiones contra el narcotráfico, en Colombia sigue boyante el
negocio de las drogas: unas 300 pequeñas organizaciones tienen ahora
bajo su dominio la exportación de cocaína hacia Estados Unidos, cuyo
paso obligado es México.

Estas microempresas exportadoras de
cocaína tienen una bien organizada red de apoyos y una estratégica
división del trabajo: cuentan con apoyos en casi todos los puertos
colombianos y tienen capacidad para exportar drogas a cualquier parte
del mundo.

Los cabecillas de lo que ahora de conoce como los
“Baby cártels” son, en su mayoría, empresarios que mantienen camufladas
sus operaciones ilícitas con actividades como el comercio, la renta de
autos o, bien, el negocio de los bienes raíces, lo que también les
permite lavar sus activos.

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