“¿hay democracia en México?” (1)

El prEsEntE tExto forma partE dEl libro coordinado por césar cansino E
israEl covarrubias: Por una democracia de calidad. méxico desPués de la
transición, quE aparEcErá próximamEntE bajo El sEllo Editorial dEl cEntro dE
Estudios dE política comparada. aquí sE dEbatE la importancia dE introducir
para méxico El tEma dE la calidad dE la dEmocracia. por César Cansino, José
ramón Cossío, Diego ValaDés y Porfirio muñoz leDo*

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Diálogo acerca de la democracia y la ciudadanía en
México

El prEsEntE tExto forma partE dEl libro coordinado por césar cansino E
israEl covarrubias: Por una democracia de calidad. méxico desPués de la
transición, quE aparEcErá próximamEntE bajo El sEllo Editorial dEl cEntro dE
Estudios dE política comparada. aquí sE dEbatE la importancia dE introducir
para méxico El tEma dE la calidad dE la dEmocracia. por César Cansino, José
ramón Cossío, Diego ValaDés y Porfirio muñoz leDo*

César Cansino: ¿Estamos en México,
después de la alternancia política conquistada en el 2000, en condiciones de
plantearnos en prospectiva la cuestión de una democracia de calidad, según los
criterios que la literatura sobre el tema ha delineado con precisión?, ¿no será
prematuro preguntarnos ahora por una democracia de calidad para México cuando
aún no hemos terminado de construir el entramado institucional y normativo
mínimo que nos permita con todo derecho calificar a nuestro régimen como una
democracia?, ¿hasta qué punto resulta baladí aspirar ahora a los máximos de una
democracia sin antes haber completado los mínimos mediante una reforma integral
del Estado que actualice en clave democrática nuestro ordenamiento
constitucional?
En principio, la respuesta lógica a estas
interrogantes sostendría la necesidad de enfrentar una cosa a la vez, o sea ir
paso a paso, pues quemar etapas o acelerar procesos podría conducir a
desajustes o debilidades estructurales. Pero esto es sólo parcialmente cierto.
Vislumbrar desde ahora los máximos a los que se puede aspirar legítimamente en
la construcción de un régimen democrático puede orientar las tareas precedentes
en las que parece nos hemos estacionado los últimos años después de la
alternancia del 2000. En efecto, si el gran desafío de México es —una vez que
por la vía de la alternancia colapsó el viejo régimen priista— rediseñar su
régimen político para hacer tabla rasa de una vez por todas con el pasado
autoritario, sería aconsejable que los actores políticos comprometidos con
ello, abandonaran las posiciones gradualistas y minimalistas que primaron en el
pasado y que nos llevaron a lo que ahora tenemos: una democracia que no termina
de despuntar debido a las fuertes inercias autoritarias que perviven en la
normatividad vigente heredada del viejo régimen. Cabe recordar que los principales criterios para medir la calidad de las
democracias aluden a las condiciones mínimas para hablar de un auténtico Estado
de derecho: a) el imperio de la ley, b) la rendición de cuentas, c) la
reciprocidad entre representantes y representados, d) la ampliación de derechos
humanos, y e)la disminución de las inequidades sociales.
La calidad
de la democracia nos permite observar, identificar y proponer el mejoramiento
integral de los regímenes políticos existentes en la actual reorganización de
la moderna democracia representativa; en particular, en la imperiosa obligación
de saber cómo dotarla de nuevos atributos y derechos.

José Ramón Cossío: Dada la función que actualmente
desempeño como Ministro me gustaría abordar la problemática en relación con el
papel que debiera tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su
carácter de tribunal constitucional, para coadyuvar a la calidad de la
democracia. Es muy frecuente establecer dos ideas (en alguna medida incompletas)
sobre lo que debemos entender por democracia. Hay algunos
autores,comoJosephSchumpeter,que considerarían que la democracia es sólo aquel
proceso que nos permite, de vez en cuando, elegir a las autoridades políticas o
a los representantes populares para que desarrollen cierto tipo de funciones
previstas en las normas jurídicas. Otras concepciones, por su parte, como la
sostenida por el politólogo estadounidense Larry Diamond, consideran que la
democracia no se puede constreñir a lo electoral, sino que se complementa con
un conjunto muy complejo de garantías, valores, principios e instituciones que
no sólo aseguran el ejercicio del voto sino que posibilitan un ejercicio más
adecuado del mismo, lo cual implica fundamentalmente el establecimiento de
determinado tipo de derechos fundamentales.
En mi opinión,
cualquiera de estas dos visiones es parcial. En México, por ejemplo, aspiramos
a vivir en lo que se ha denominado un Estado social y democrático de Derecho o
en lo que otros denominan un Estado constitucional. Por
el momento,
al menos como proyecto constitucional (y no
necesariamente como una realidad cotidiana), tenemos
un modelo que involucra estos tres pilares: a) un conjunto de elementos
provenientes del viejo Estado liberal (derechos fundamentales: de asociación,
de libertad de expresión, de libertad de conciencia, de libertad de tránsito,
etcétera); b) un conjunto también extraordinariamente importante de derechos
sociales para mantener calidades mínimas de vida, y c) un conjunto de
principios democráticos que nos permiten elegir a nuestras autoridades.

El modelo constitucional de nuestro tiempo, y que
pese a sus imperfecciones se sigue reconociendo en nuestra Constitución, es
precisamente el del Estado constitucional, montado, por supuesto, sobre un
texto escrito muy rígido (lo que no deja de ser paradójico con el número de
reformas que tiene en su haber), con un principio
de división de poderes, un principio de legalidad y un sistema federal.

En este entramado tan complejo y a veces contradictorio
entre principios de libertad, derechos sociales y elementos democráticos, el
papel de la Suprema Corte de Justicia en particular, y el de los órganos del
Poder Judicial de la Federación en lo general, adquiere una extraordinaria
importancia porque gracias a estos órganos de justicia tenemos la posibilidad
de interpretar cotidianamente los preceptos de la propia Constitución. En los órganos del Poder Judicial de la Federación recae la
función de tratar de complementar y resolver las paradojas (en algunos casos me
atrevería a decir inclusive antinomias) que se presentan y/o que forman parte
del texto constitucional.
Es muy frecuente, por ejemplo, recibir
demandas acerca de cuál es la interpretación adecuada de un derecho fundamental
de libertad frente a un derecho social.

Por ello, en la
perspectiva de apuntalar nuestra democracia en todos los ámbitos es prioritario
garantizar la estabilidad de jueces y magistrados como un vehículo para que a
su vez permita el mantenimiento de ciertas condiciones del Estado de Derecho en
el país.
Se trata de funciones esenciales para cualquier democracia.

Sin estos órganos jurisdiccionales, y en particular
la Suprema Corte como tribunal constitucional, no tiene ningún sentido postular
un concepto de democracia, pues simple y sencillamente estaríamos reduciendo
esa misma democracia a su expresión ínfima; es decir, a aquella posibilidad de
que periódicamente acudamos a las urnas, pero no entenderíamos nunca este
entramado mucho más complejo, mucho más rico, del conjunto de libertades y
derechos que nos corresponden. En suma, la Suprema Corte de Justicia es el
garante, entre otras, de las funciones democráticas.

Con respecto al tema de nuestra conversación, cabe
preguntarnos: ¿de qué manera la Suprema Corte puede coadyuvar a la calidad
democrática?; ¿está realmente entre sus funciones tratar de desarrollar un
modelo específico de democracia de mayor calidad según ciertos parámetros o
tratar de mejorar el modelo de democracia que está contenido en la Constitución
vigente? En mi opinión, es la segunda función a la que debiera aspirar, al
menos idealmente, la Suprema Corte. Más específicamente, más que tratar de
construir un modelo propio de democracia, la
Suprema Corte debe tratar de fortalecer permanentemente las condiciones del
ejercicio democrático en el país y mejorar, como consecuencia de esas acciones,
la calidad democrática.

Se debe al politólogo Leonardo Morlino
una de las mejores caracterizaciones para evaluar la calidad de las democracias
modernas.
Siguiendo estos criterios, ¿cómo podríamos saber que
nuestra democracia es mejor y de qué manera la Suprema Corte de Justicia podría
construir estas condiciones democráticas? La respuesta es, de alguna manera,
simple, cuando menos en su postulación verbal, y muy complicada en su
realización cotidiana: la Suprema Corte debe
tratar de expandir los derechos fundamentales de todos los habitantes del país.

Con esto estaríamos tratando de recomponer la condición de ciudadanía de
nuestros ciudadanos, conferirles un estatuto jurídico mucho más fuerte frente a
los órganos del Estado y, ¿porqué no?, frente a ciertos sujetos particulares
que gozan de un importante poder social o público. Con esto, la Suprema Corte reconstituiría el concepto de ciudadano y
permitiría que esos mismos ciudadanos postularan ante los tribunales —y con
motivo de la resolución de los tribunales, en todo el cuerpo del Estado y en
todo el cuerpo normativo del país—, una mejor y mucho más fuerte posición
pública.

Se me va a decir que con esto se están colmando básicamente
las características del Estado liberal. Pero qué
mejor que se satisfagan las características del Estado liberal en un país en el
que, con toda franqueza, se practica muy poco el ejercicio de los derechos
civiles y políticos, o sea de los derechos liberales.

¿Qué necesitaríamos para lograr un
mejoramiento de estos derechos? En primer lugar, perfeccionar nuestra ley de
amparo vigente.
No cabe duda que dicha ley funciona, o sea cumple
con determinadas concepciones políticas que privan en el país, pero es
absolutamente necesario dar un salto en esta idea, no porque el amparo sea un
fin en sí mismo, sino porque es el medio más poderoso que tenemos para
restablecer justamente la condición de ciudadano entre los habitantes del país.
Si podemos presentar de una manera más fácil nuestras acciones, involucrar a un
mayor número de autoridades e inclusive de particulares, así como lograr
procesos más simples con efectos generales en las resoluciones, habremos dado
un paso extraordinario en el desarrollo de esta parte liberal y, como
consecuencia de ello, en la propia democracia.

En segundo lugar, debemos atender la
forma en que vamos a construir en el futuro los propios derechos sociales.
Hoy en
día resulta extraordinariamente difícil la exigibilidad de los derechos
sociales —insisto— como mínimos materiales de vida, a partir sólo de los medios
procesales con que contamos. El juicio de amparo no tiene un alcance directo
para permitir el otorgamiento de una prestación material a las personas que
están en una situación inadecuada, sino que esto se tiene que construir
indirectamente. Durante mucho tiempo hubo un salto entre la Constitución y las
prestaciones a cargo del Estado, de forma tal que algunos académicos llegaron a
llamar a los derechos sociales “normas programáticas”. Sin embargo, en las
últimas legislaturas federales se han estado aprobando un conjunto de leyes de
atención social que están generando un vínculo adecuado entre las prestaciones
materiales que tenemos que otorgar con las propias normas constitucionales. Por
primera vez estamos estableciendo algunas formas en las que tenemos que
destinar renglones presupuestales, los cuales no pueden ser diminuidos en los
ejercicios subsiguientes. Estamos previendo las posibilidades de aumentar
también esos montos presupuestales para combatir la desigualdad, y ahí también
se han dado acciones extraordinariamente importantes que nos permitirán
perfeccionar nuestra democracia en la medida que podamos mejorar, bajo un
ejercicio redistributivo, las condiciones de los habitantes del país. Si tenemos cientos de miles de mexicanos en condiciones
paupérrimas de vida es extraordinariamente difícil hablar de una democracia y
mucho menos aspirar atener una democracia de calidad.

En tercer lugar, la Suprema Corte de Justicia puede
jugar un papel muy importante en la medida que entienda el vínculo entre esas
disposiciones que se están estableciendo y las acciones concretas que se deben
llevar a cabo —que evidentemente son de carácter presupuestal— para el
mejoramiento de esas condiciones. En suma, la
Corte y los tribunales federales se pueden convertir también en una correa de
transmisión entre el otorgamiento de prestaciones materiales y esta muy rica
tipología de derechos sociales que tenemos prevista en la Constitución.

Finalmente, la Suprema
Corte puede ser también un motor de cambio en la materia electoral, aunque sólo
de manera indirecta por cuanto sólo puede revisar las decisiones electorales a
partir de acciones de inconstitucionalidad.
Esto ya se puede
apreciar en algunos casos en los que se nos han planteado algunas definiciones
muy específicas, o hemos tenido que pronunciarnos sobre cuestiones específicas,
como cuando declaramos no hace mucho que era constitucional el establecimiento
razonable —y este es un criterio importante que hemos introducido en la Corte—
en cuanto a la forma en que se pueden regular las precampañas. Para nadie pasa
desapercibido que el asunto de las precampañas es bastante complicado en el
país. Por ello, la Suprema Corte se ha pronunciado a favor de permitir la
construcción de algunas regulaciones específicas en esa materia. Ciertamente,
hay muchos pendientes por resolver y no tendría tiempo para desarrollar los. Un
caso muy importante, por ejemplo, es el de las candidaturas independientes
versus el registro necesario dentro de un partido político. Es un asunto que
estaremos resolviendo dentro de algunos meses.

En muchas ocasiones, de forma indebida y bajo un
análisis superficial, se considera que la Suprema Corte o los tribunales
federales son un obstáculo al cambio social o al cambio democrático, o al
mejoramiento de las condiciones materiales de la democracia.

Sin embargo, si analizamos lo que ha acontecido en
los últimos diez años —sobre todo a partir del establecimiento de las
controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad—
podemos encontrar una serie de elementos de juicio. En primer lugar, la Suprema Corte ha
desarrollado mucho —y en general bien— esta parte orgánica, procedimental, de
las relaciones entre los distintos órganos de un nivel de gobierno o entre los
distintos niveles de gobierno. Esto significa que
la forma en que se relaciona el presidente de la República con la Cámara o el
gobernador con sus poderes, está resuelto. Asimismo, se ha avanzado mucho en la
forma que se relaciona el nivel federal con el nivel estatal o el municipal, o
el nivel estatal con el municipal, o el nivel municipal con el federal.

Lo que se debería hacer ahora es
avanzar en la parte del desarrollo de los derechos fundamentales.
Desafortunadamente, ahí sí se debe impulsar la parte de la Constitución que
antes se denominaba “dogmática”; es decir, ampliar el sentido de los derechos fundamentales
de las personas. De darse, la Suprema Corte podría constituirse en un
coadyuvante de enorme importancia para el mejoramiento de las condiciones
democráticas en el país.

Simultáneamente, la
sociedad debería ocuparse más del trabajo de la propia Suprema Corte y de los
tribunales federales. En los hechos, prácticamente nadie monitorea, salvo
ciertos casos muy específicos, una adecuada descripción de los fallos de la
Suprema Corte, de sus alcances, de la manera en que se está reconstruyendo día
con día la condición democrática o la condición social, o en general la
condición estatal del país. Como sociedad nos hace falta ocuparnos muchísimo
más de las resoluciones de la Suprema Corte, no para elogiarlas sino para
analizar las características de nuestras argumentaciones jurídicas, que a final
de cuentas son el único sustento de una resolución. Una sociedad que no analiza
las decisiones de sus tribunales constitucionales, habiéndoles otorgado tan
extraordinario poder de decisión sobre tantas cosas que acontecen
cotidianamente en la vida política y social del país, es una sociedad que está
claudicando a un espacio enormemente importante de discusión pública.

Porfirio Muñoz Ledo: La pregunta que nos propone
César Cansino para el debate es capciosa: la calidad de la democracia en
México. Y es que no podemos definir lo accesorio
(¿hay calidad de la democracia en México?) si no definimos lo principal (¿hay
democracia en México?). Esa es la primera pregunta, luego vemos su relativa
calidad.
Huelga decir que esta convocatoria es sumamente oportuna
porque estamos asistiendo a un fenómeno de degradación política creciente.

Hay muchos politólogos y hombres
públicos en México que sostenemos, de manera a veces poco rotunda, que no hemos
instaurado todavía la democracia en México.
Ciertamente,
hemos logrado un salto cualitativo, en alguna medida un salto histórico. México
es un país en el que nunca se respetó cabalmente el sufragio; un país que nace
con la tarea del sufragio electoral desde 1828, la primera elección
constitucional. Y el gran sueño previo a Madero, del sufragio efectivo, fue
siempre muy relativo, para decir lo menos. Entonces, el hecho de que en México hayamos conquistado mediante innumerables
luchas, negociaciones y presiones para que se transformara radicalmente desde
fines de los años ochenta el sistema electoral desde uno totalmente controlado
por el gobierno, absolutamente fraudulento —como ocurrió en 1988—, a uno de los
mejores y más complejos del mundo, es un salto histórico.
El hecho
de que hoy los mexicanos tengan más confianza en las elecciones y que hayan
funcionado los mecanismos, incluso los jurisdiccionales, es de la mayor
importancia.

Esto ha dado como consecuencia un segundo fenómeno:
la distribución del poder entre los actores políticos, el llamado pluralismo
político. Que los distintos actores, partidos —y
no sabemos si el día de mañana los propios ciudadanos—, puedan ocupar cualquier
cargo público, significa que hemos arribado a un nuevo mosaico político de la
República: cada estado, cada municipio, cada congreso, cada cámara del Congreso
de la Unión, puede tener un titular de un diferente partido político. Esa es
otra realidad del país.
Asimismo, se han reducido los márgenes de
represión; ha habido esfuerzos de transpa-

Tengo la impresión de que
más que un sistema democrático, estamos viviendo una descentralización del
autoritarismo; esto es, que se repartieron los vicios del pasado entre los
actores, e incluso suelo hablar de una especie de metástasis de la corrupción
que se fue por los conductos linfáticos hasta afectar todos los órdenes políticos
del país.

rencia y no se ha alterado la paz pública; es
decir, hemos tenido hasta ahora una alternancia de terciopelo. Pero persiste la duda: ¿estamos o no instalados en una
sociedad con un régimen democrático? Yo creo que no. Coincido con José
Woldenberg en que tuvimos un proyecto compartido para hacer efectivo el
sufragio, pero no un proyecto compartido para construir un nuevo sistema, ni lo
tenemos ahora.
A un grupo de mexicanos, después de derruir el viejo
edificio, de ocupar todas sus habitaciones, nos encargaron hacer los planos de
la nueva morada, y aquí estamos cuatro miembros muy destacados de la Comisión
Nacional para la Reforma del Estado. Después de mucho trabajo, llegamos con
nuestros planos, pero nos dijeron que no había que hacer ningún nuevo edificio.
Así fue.

En consecuencia, permanecemos con los restos del
pasado. Quienes llegaron al poder no se preocuparon por reformarlo ni por
modificar las reglas del juego, sino sólo por ocuparlo, por colonizarlo y por
usufructuarlo. No hubo cooperación de los actores y faltaron, por lo tanto, los
dos elementos esenciales que en la obra de César Cansino están siempre
presentes: la derogación autoritaria y la instauración democrática. En suma, no se construyeron nuevas instituciones que permitieran
hacer frente a una realidad absolutamente distinta.
Por todo ello,
tengo la impresión de que más que un sistema democrático, estamos viviendo una
descentralización del autoritarismo; esto es, que se repartieron los vicios del
pasado entre los actores, e incluso suelo hablar de una especie de metástasis
de la corrupción que se fue por los conductos linfáticos hasta afectar todos
los órdenes políticos del país.

Entonces, ¿cómo podemos hablar de calidad de la
democracia? Sólo en un sentido tendencial. Si vamos a construir la democracia,
hay que construir una democracia de calidad. Esta expresión, “calidad de la
democracia”, es nueva en la ciencia política. Presumo que viene de la ciencia
organizacional, pues desde hace más de cincuenta años se habla en las empresas de
“calidad de la gestión”, de “calidad de la empresa” y luego de “calidad total”.
Entonces, aquí hay una analogía válida. El ideal de cualquier sistema es la
calidad total o la excelencia, que quiere decir la exaltación y el cumplimiento
de los valores que son propios de ese sistema.

Yo clasificaría en tres grandes
apartados los valores de la democracia. En primer lugar, los valores propios de
la República. Según su acepción convencional, la República es el marco que
contiene la pluralidad social, el espacio del consenso. El primer elemento de
la República como orden legal consentido por todos es el Estado de Derecho. El
Estado de Derecho se funda en la justicia y tiene dos grandes vertientes: la
propia de todo Estado y la propia de los Estados democráticos. La propia de
todo Estado es la obediencia a la ley; la propia de los Estados democráticos es
que la autoridad está obligada al acatamiento de la ley.
Los
ciudadanos están obligados a acatarla en cualquier tipo de régimen, y en muchos
casos les cuesta la vida sin juicio previo (no hay artículo 14 en las
dictaduras). El control de los actos del gobierno
exige un sistema de rendición de cuentas, mientras que el cumplimiento de los
deberes ciudadanos exige la ampliación de la cultura democrática.
La
República con lleva, además, la idea de igualdad, igualdad frente a la ley e
igualdad frente a la sociedad. La República es,
por definición, incluyente, laica, imparcial y honorable.

El segundo conjunto de valores está
asociado a la idea del Estado, y en particular de la funcionalidad del Estado.
En los regímenes autoritarios lo que prevalece como valor es el orden, que es
la palabra de los regímenes autoritarios. La palabra de los regímenes
democráticos es equilibrio, porque los regímenes democráticos contienen una
gran complejidad de actores, cada uno con una esfera propia y jurídicamente
protegida de acción
. Por otra parte, un sistema democrático tiene que
aspirar a ser funcional en la complejidad. El
autoritarismo vencerá como valor siempre que la democracia no sea eficaz.
Al
sufragio efectivo debe suceder el gobierno efectivo: sistema de división de
poderes, de formación de mayorías, de representativos estables y que sean el
espejo de las grandes corrientes políticas, económicas e ideológicas de una
sociedad. Asimismo, la funcionalidad del Estado
exige la descentralización territorial de los poderes públicos a través de
métodos federalistas, municipalistas, autonómicos y, finalmente, debe ser
regida por el principio de la subsidiariedad; es decir, que ninguna autoridad
superior ejerza funciones que puedan ser cumplidas por la autoridad más próxima
a la población.
Pero el Estado no se sostendría sino tuviera un
principio de suficiencia. La crisis del Estado latinoamericano es su
incapacidad para hacer frente a sus obligaciones esenciales: la imposibilidad
material —diría el ministro Cosío—, de que se cumpla el principio de
exigibilidad de los derechos sociales; la pérdida de la jurisdicción sobre el
territorio y la incapacidad de mantener el orden público en el territorio de un
país. La jerga internacional está hablando hoy de
Estados exitosos, Estados en transición, Estados fallidos y Estados en
descomposición. México está clasificado como un Estado en transición que va que
vuela a ser un Estado fallido (les podría mandar el último documento de la
Unión Europea que lo acredita suficientemente).

Por último, hay un principio de sustentabilidad del
Estado nacional, que significa que un Estado pueda perdurar en el tiempo asegurando
el cumplimiento de sus objetivos esenciales. Aquí hay que introducir una idea muy
importante: la supranacionalidad: ¿es o no sustentable, en el horizonte del
siglo XXI, un Estado aislado en el conjunto de las naciones, o sometido
únicamente por vínculos de dependencia? Europa ha
probado que, manteniendo cada Estado un margen inmenso de soberanía, la
viabilidad del Estado nacional en el futuro tiene una relación directa con la
aceptación de estructuras supranacionales.

El tercero y último apartado de valores
que definen la calidad de una democracia tiene que ver con la ciudadanía.
En
última instancia, el Estado democrático es —tomemos o no la metáfora del
contrato social— un Estado cuyo sustento y legitimación es la soberanía
popular, es decir hasta qué punto la decisión o las decisiones de la población
determinan el curso de la acción del Estado. La República es el espacio del
consenso; la democracia es la arena de la controversia. Si no hay República, la
democracia no puede funcionar. ¿Cómo canalizar la controversia de un modo
creativo y que sea legítima expresión de la voluntad de la población? Primero,
una ciudadanía de alta intensidad. El pecado de nuestros sistemas caudillistas
que se expresan en un presidencialismo trasnochado es la minimización y la
pauperización del ciudadano, que ha confiado históricamente su suerte a un
salvador de la nación que nunca lo ha salvado de nada. Sin ciudadanía de alta intensidad no hay democracia. Ahí
está, quizá, la prueba del ácido de la calidad de la democracia: ciudadanía
política, ciudadanía civil, ciudadanía social. La democracia exige claridad y
transparencia en las opciones públicas, construcción de agendas políticas
viables y representativas de los intereses de la sociedad, para lo que es
indispensable un sistema de comunicación democrático.
Además de los
sistemas representativos, la democracia exige un equilibrio con mecanismos de
participación ciudadana en el núcleo de la vida municipal, en la gestión y en
la evaluación de los servicios públicos, y en todos los niveles de la actividad
social.

Estas son, sintéticamente, algunas de
las grandes tareas que tenemos pendientes. Sería bueno establecer, si hablamos
de calidad democrática, algunos medidores de la misma. ¿Pero está México hoy en
el camino de construir una sociedad democrática o está en el camino de
destruirla? Sin ser catastrofista, mucho me temo que nos encontramos en la
segunda de las pendientes.
Me parecería muy grave para la nación
que los dos grandes procesos que han acompañado la transición de un Estado
autoritario a una incipiente democracia, se vieran controvertidos y corrompidos
por la pasión, por la ideología, por la insensatez o por la concupiscencia. El
primero de esos procesos, paralelo a las grandes transiciones europeas en los
años setenta, fue la inclusión política de los sectores disidentes, de las
ideologías extremistas y, en general, de toda forma de heterodoxia. Tratar hoy de eliminar, por razones que en el fondo son
sectarias, no extremos ideológicos sino grandes expresiones del pensamiento y
la sensibilidad nacional, sería simplemente una decisión catastrófica. La
segunda de las evoluciones democráticas del país, en la cual hemos participado
activamente a través de estos años, es el otorgamiento al ciudadano mexicano de
su potestad de elegir a sus gobernantes.
Si se les priva de su
capacidad de escoger se les estará vulnerando su capacidad de elegir. Para
concluir, creo que debemos iniciar aquí y ahora,
todas las entidades académicas, todos los seres pensantes y responsables de
este país, una gran corriente de reflexión crítica que pueda conducirnos a un
gran acuerdo nacional para la transición. Nunca creo que sea demasiado tarde.
La estabilidad del país, la sobrevivencia del orden constitucional, dependen de
un gran movimiento de la conciencia ciudadana.


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